La prueba de oficio es una facultad conferida al juzgador, estipulada en el COGEP, para una intervención directa dentro del proceso judicial. El objetivo de esta investigación es realizar un análisis jurídico de la prueba de oficio dentro de la legislación ecuatoriana. La metodología empleada obedece a un enfoque cualitativo, de tipo descriptiva con el método fenomenológico – comparativo. Dentro de los principales hallazgos se determinó que una de las condiciones que exige al juzgador es solicitar y justificar la necesidad de la prueba de oficio en la audiencia preliminar o única. Por tanto, esta facultad forma parte de la seguridad jurídica y de las garantías del debido proceso, en razón de que se encuentra conferida por el Estado ecuatoriano mediante normativa. Se concluye además que, el juez carece de facultad para suplir u omitir hechos, por tanto, dentro de las resoluciones que emite en el ejercicio de sus funciones, únicamente se le atribuye disponer prueba para un dictamen debidamente fundamentado, con la finalidad de que, en las resoluciones dictadas, se administre justicia sobre los hechos y circunstancias controvertidas que han sido propuestas por las partes procesales.